El Régimen del 78 se vale del viejo “manual Barrionuevo”: contra los 8 de Altsasu, contra el movimiento popular catalán y, en general, contra toda acción que pueda considerar como una amenaza potencial.
En efecto, la hoja de ruta que está utilizando el Régimen es la misma que utilizó durante décadas contra el movimiento popular en Euskal Herria. Se recordará el “Plan ZEN”, acrónimo de Plan Zona Especial Norte, fue el manual elaborado a principios de los años 80 por órden del ministro socialista José Barrionuevo. Se trataba de un manual que configuraba una estrategia mediática, social, política, policial y judicial dirigida a neutralizar el movimiento popular. Una estrategia calcada a la que más de 30 años después está aplicando el Estado para desactivar, ahora sí sin límites ni fronteras definidas toda expresión de protesta.
Hoy como ayer, se repiten las mismas pautas comunicativas sistematicamente dirigidas a: (1) intoxicar la opinión pública (fakesnews y otras tácticas de desinformación, filtraciones, coberturas mediáticas tendenciosas); (2) criminalizar los sucesos y acciones de protesta y los procesos y espacios de auto-organización popular como paso previo para (3) su persecución judicial y policial.
Como entonces, el objetivo final es cortar de raíz cualquier atisbo de lucha social organizada; sin embargo, el nuevo Plan ZEN universaliza hoy su aplicación y sus efectos, castigando y atemorizando a la sociedad en su conjunto sin límites ni distingos territoriales más allá de que la coyuntura habilite hoy un endurecimiento específico de su plan represivo en Catalunya.
El cómo hemos llegado hasta a esta situación es una cuestión que analizamos a continuación, y es que creemos que la razón, es decir, el hilo conductor que une aquel contexto represivo con el actual, hemos de buscarlo en la necesidad del Régimen del 78 de reforzar el control social, para asegurar, de este modo, la actualización de los procesos de acumulación de capital, tras la crisis económica y, sobre todo, tras el surgimiento, con ella, de movimientos de auto-organización popular capaces de plantearle una enmienda a la totalidad: 15M, Marchas de la Dignidad y, más recientemente, el proceso soberanista en Catalunya o las exitosas luchas del movimiento feminista contra la Reforma de la Ley del Aborto y por la Huelga General del 8 de Marzo .
El relato es conocido: En marzo de 2015 se publica en el BOE la reforma conocida como Ley Mordaza. Esta reforma no sólo incluye la cadena perpetua, eufemisticamente denominada “prisión permanente revisable”, sino que modifica algunos artículos significativos como el art. 578 relativo al “enaltecimiento del terrorismo”. La Ley Mordaza, que se ha empleado desde entonces para multar, perseguir, detener y encarcelar a twitterxs, titiriterxs, raperxs y más, ha logrado extender un clima de miedo y (auto)censura. Y no por nada, pues los juicios por enaltecimiento del terrorismo se han quintuplicado desde su aprobación.
La reforma de 2015 recoge, no obstante, una modificación aún más peligrosa, pues introduce una nueva definición de “terrorismo” aún más abarcadora, pensada para perseguir como terrorismo todo acto que pueda constituir una amenaza potencial para los procesos de acumulación de capital. Son ejemplos: 1) el proceso democrático en Catalunya (para la soberanía del Estado-Nación sobre el territorio y el mantenimiento de un mercado unificado y para el régimen monárquico que lo ampara), 2) la resistencia a las actuaciones policiales (para su estrategia represiva global contra los procesos de auto-organización popular) 3) la lucha del movimiento feminista (para la relación estructural entre capitalismo y patriarcado) y 4) la lucha de clases (para la implantación y desarrollo de sus reformas laborales neoliberales).
El esquema represivo es reiterado: primero, las fábricas de la opinión pública del Régimen allanan el camino creando un clima de opinión favorable; seguidamente la Fiscalía recurre al Codigo Penal, cocinado al punto de dictadura, para imputar a lxs protagonistxs por un delito de terrorismo.
Nos deslizamos hacia una dictadura abierta: si no, en qué clave podemos interpretar el tono del tweet del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido que, horas antes de la final de copa y ante la más que previsible pitada al himno, afirmaba:
"El Código Penal concreta qué se considera delito de terrorismo. Compartimos una imagen (Art. 573 del Código Penal) por si alguien necesitara reflexionar sobre ello durante el fin de semana. El resto, a descansar, que la Guardia Civil y la Policía velan por la seguridad de todos"
Es la dictadura del miedo y nos deslizamos imparables hacia la dictadura abierta. Y sin oposición real. Con la “izquierda del cambio” mirando hacia otro lado desde su calculado y vergonzantes silencio.
¿Cómo si no habríamos llegado al punto de aceptar socialmente una petición de 374 años de prisión por una pelea de bar?
¿Cómo si no se nos ha podido entumecer tanto la rabia como para que asumamos sin más que 3 de lxs jóvenes de Altsasu lleven encerrados más de 500 días en prisión, en Régimen FIES, a centenares de kilómetros de sus familiares y amigxs?
Desde lxs jóvenes de Altsasu hasta los CDR, las imputaciones no tienen más base jurídica que un Código Penal interesadamente ambiguo y una interpretación tendenciosa y reaccionaria del mismo. El objetivo es cortar de raíz toda lucha social organizada (anticapitalista, independentista, feminista o republicana) que pueda constituir una amenaza para los procesos de acumulación de capital, los mismos que el Régimen del 78 sanciona, protege y promueve. Cualquier acción (también, sí, una pelea de bar) será enmarcada en la misma estrategia de ajuste represivo.
Por todas estas razones, desde el Colectivo Anticapitalista de Burgos volvemos a hacer un llamamiento a la conformación de un gran espacio unitario contra la represión (también aquí, en Burgos, donde ya ha habido movimientos en este sentido con distinta suerte), pues solo podremos hacer frente eficazmente al plan represivo del Estado estando organizadxs, coordinadxs y apoyándonos solidariamente.
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