Declaración del Colectivo Anticapitalista de Burgos 

De nuevo el juego parlamentario y la aritmética nos devuelven a una cita electoral, y desde nuestro Colectivo queremos compartir contigo nuestro análisis y nuestra propuesta de cara a las nuevas elecciones generales y al futuro próximo.


Catalunya en el punto de mira.


El procés catalán sigue en el centro del debate político. Todos los partidos lo utilizan: unos, como las derechas, la extrema derecha de VOX y el PsoE, para erigirse en campeones de la españolidad y la defensa de la ley, y otros, como Podemos, para marcar una muesca más en su larga lista de concesiones al PsoE. Todos, sin excepción, ponen su visor en ganar, o no perder votos, ninguno de ellos en garantizar el legítimo derecho de autodeterminación del pueblo catalán, derecho éste reconocido a nivel internacional y utilizado en multitud de países y ocasiones.



En Catalunya, mientras tanto, los partidos independentistas intentan orientarse y no perder pie ante una lucha popular que les ha desbordado a todos y que algunos quieren llevar a buen puerto y otros utilizar para hacerse con el poder en el Parlament. Todo vale en ese juego.


La calle, con cientos de miles de personas tanto en las Marchas por la Libertad, como en las diferentes manifestaciones y concentraciones a lo largo de estas semanas tras la vil sentencia del Supremo, encuentra nuevas formas de expresión y radicalidad para enfrentarse a la represión del Estado Español que, lejos de amedrentar la revuelta popular, la alimenta.


Aquí entran en juego los defensores del estatus quo, voceros que se llenan la boca de respeto a la ley y la legalidad. Nosotras y nosotros llamamos a la solidaridad y la desobediencia. Creemos que el hecho de que algo sea legal no lo convierte en justo. La esclavitud, el apartheid, la cárcel por abortar, el trabajo infantil, las condenas por ser homosexual y un sinfín de ejemplos más eran (y son todavía en muchos sitios) legales, pero eso no los convierte en justos, y una de las labores de la izquierda históricamente ha sido precisamente la de enfrentarse a estas leyes para eliminarlas y cambiarlas. Gracias a eso, hoy disfrutamos de muchos derechos consolidados (aún en riesgo). Por lo tanto, no confundimos legalidad con justicia. De hecho, el propio “Estado de Derecho” liberal, el pretendido ‘gobierno de las leyes’ capitalista, no es sino el barniz ideológico que sanciona la legalidad de una dominación: la de las élites capitalistas sobre la clase trabajadora. ¿Justo? No, legal.


Somos un Colectivo de ámbito local, y por tanto electoralmente circunscrito a la provincia de Burgos; no obstante, nuestra adhesión en Catalunya de cara al 10-N sería para la CUP-CC, pues consideramos que está siendo la voz más honesta tanto en el lucha institucional como en la dinámica de la lucha popular.

Por nuestra parte, como ya hemos manifestado durante meses en nuestras redes, apoyamos la lucha del pueblo catalán tal y como se está desarrollando, y llamamos a secundar sus movilizaciones y defender el derecho a elegir su futuro político como pueblo, exigiendo en ello la amnistía para todas y todos sus presxs políticxs y exiliadxs.



El Estado y el Capital no se someten a votación.

Es cierto que poder elegir periódicamente a las personas que se sientan en las Cortes es preferible a vivir bajo una dictadura, pero estas elecciones, supuestamente democráticas, están condicionadas desde su origen. Ni el Estado (monarquía, fuerzas policiales y militares, cúpula judicial y altos cargos de la Administración) ni el Capital (grandes fortunas, grandes empresas y banca) y su programa encubierto, se someten a elección democrática. No se someten a votación popular los desahucios, la especulación inmobiliaria, la burbuja del alquiler, tampoco las reformas laborales regresivas, el cierre de empresas con beneficios, la privatización de empresas públicas como las eléctricas, o de servicios públicos como el HUBU ni, por supuesto, la monarquía o el derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado. En este escenario, las oportunidades de que una fuerza política realmente impugnadora llegue a unas elecciones con opciones de alzarse con el poder son prácticamente nulas. De hecho, y como hemos podido comprobar en los últimos meses, incluso la tímida merma que para las tasas de beneficio de los grandes capitalistas pudiera suponer un eventual gobierno PsoE-Podemos, ha sido neutralizada por todos los medios hasta forzar la repetición electoral. Votaremos hasta que salga lo que ellos quieran. O lo menos malo, dentro de sus límites.

Estas elecciones generales solo buscan recomponer el Régimen del 78, y ello aun a través de un retroceso brutal en derechos y libertades. Da igual. Los límites a los que hacíamos referencia más arriba se ajustan convenientemente al contexto y la amenaza que éste suponga para los beneficios de los grandes capitalistas.



PsoE: El mejor garante del orden social.

La política del PSOE desde 1982 ha sido la de aceptar las tesis estratégicas de la patronal, gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y las élites multinacionales europeas. Así, la contra-reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985, la Ley de Empleo Juvenil de 1988 y la reforma laboral de 1994 inauguraron los procesos de precarización social y laboral que hoy sufrimos. Fue el PSOE quien inició las privatizaciones de empresas públicas y, de paso, las puertas giratorias. Fue el PSOE quien en 2010 aprobó una reforma exprés de la mano del PP del art. 135 de la Constitución, estableciendo límites de déficit y deuda entre las Administraciones Públicas impropios de un Estado “social y democrático de derecho”. Fue el PSOE quien aprobó en 2011 la reforma de las pensiones por la que se elevaba la edad de jubilación a los 67 años de edad. Fueron gobiernos socialistas quienes inauguraron la receta de la austeridad y el rescate a la banca para afrontar una crisis capitalista que multiplicaba despidos y desahucios. Ha sido el PSOE quien una vez accedido al gobierno se ha negado a a derogar la reforma laboral y la ley mordaza.


Es el PSOE quien ha, sí, exhumado al dictador, pero con honores de Estado.

Y es el PSOE quien, finalmente, y en caso de formar gobierno tras el 10-N, tiene prevista la implantación de la denominada “mochila austriaca”, un plan de pensiones privado que (entre otras cosas) busca reducir hasta hacer desaparecer las indemnizaciones por despidola.

Este es el partido con el que, a toda costa, quiere formar gobierno Unidas Podemos.



La subordinación de una declinante Unidas Podemos.

El surgimiento de Podemos en 2014 generó muchas ilusiones, sobre todo porque recogía parte del espíritu impugnador y asambleario del 15M. Muchas personas procedentes de las luchas sociales y de la izquierda revolucionaria, aprovecharon el contexto de oportunidad abierto por el 15M y dedicaron ímprobos esfuerzos a la construcción de una organización capaz de constituir mayorías sociales, construir contra-poder y empujar las demandas de los sectores populares. Desde entonces, los sucesivos congresos, maniobras y purgas, y su progresiva pero imparable moderación ideológica, han dilapidado el capital político (3.000 círculos y más de 5 millones de votos) surgido tras las elecciones europeas de 2014, convirtiendo a Podemos en un partido jerárquico, burocrático y plebiscitario.

Un partido que lejos de vehicular, fortalecer o catalizar las luchas sociales las ha cooptado contribuyendo a su reflujo, y que en su deriva ultra-institucionalista ha constituido un agente mayor de desmovilización social.


La sumisión demostrada al PSOE en los últimos meses, queriendo formar parte de un gobierno conjunto al que “sería leal” en los temas más espinosos, nos recuerda a las peores tradiciones de una izquierda muleta de la pata izquierda del Régimen del 78. Su escisión, Mas País, solo viene a representar un viraje centrista más de un sector descolgado en el Juego de Tronos morado.

La deriva seguidista de la dirección de IU respecto a Podemos y su propuesta de gobierno a toda costa con el PSOE, y las posiciones de los Secretarios Generales de ambas organizaciones respecto a la lucha en Catalunya: el uno, Pablo Iglesias, llamando a “respetar la ley y asumir la sentencia” del Tribunal Constitucional, y el otro, Alberto Garzón, ubicando en el mismo plano a las derechas reaccionarias y a quienes se enfrentan a la feroz represión policial, son la guinda de un pastel que nos conduce a un peligroso callejón sin salida.


Garantizar la estabilidad merced a cogobernar con uno de los partidos responsables de la situación actual, solo garantizará 4 años mas de recortes, represión y regresión en todos los frentes, instalando entre las clases populares la frustración, la impotencia, y lo que es más importante, el descreimiento con relación a una salida anticapitalista a sus problemas.


La esperanza se encuentra fuera, no dentro de Unidas Podemos. En este sentido, acogemos con esperanza los movimientos de algunos sectores de entre los compañeros y compañeras de Anticapitalistas conducentes a superar Podemos como herramienta política.


Entonces, ¿qué hacemos?

Desde el Colectivo Anticapitalista de Burgos creemos que no podemos pedir el voto para ninguna de las formaciones que nos presentan la papeleta en la Provincia de Burgos de cara a este próximo 10 de noviembre. De modo que para la circunscripción provincial de Burgos pedimos el voto nulo.

Nuestro enfoque seguirá siendo la lucha social, única garantía de cambio real, y la construcción de una alternativa anticapitalista mediante labores de convergencia, apoyo mutuo y debate profundo, fraterno y constructivo. En esta línea, queremos hacernos eco del llamamiento que en este sentido han lanzado las compañeras y compañeros de la CRT y otras organizaciones, en la línea de abrir un debate amplio que trate de reorganizar a la izquierda revolucionaria y anticapitalista. Necesitamos poner las bases de un frente unido de la izquierda anticapitalista en todo el Estado, capaz de intervenir en la lucha de clases y de hacer frente de un modo eficaz a los nuevos planes de recortes que traerá consigo la próxima recesión.