miércoles, 24 de abril de 2019

ELECCIONES GENERALES 28-A: VOTA 1 DÍA, LUCHA TODO EL AÑO.

Declaración del Colectivo Anticapitalista de Burgos

Desde nuestro Colectivo queremos compartir contigo nuestro análisis y propuesta de cara a las elecciones generales del domingo:

El Estado y el Capital no se someten a votación

Es cierto que poder elegir periódicamente a las personas que se sientan en el Parlamento es preferible a vivir bajo una dictadura, pero estas elecciones, supuestamente democráticas, están condicionadas desde su origen. Ni el Estado (monarquía, fuerzas policiales y militares, cúpula judicial y altos cargos de la Administración) ni el Capital (grandes fortunas, grandes empresas y banca) y su programa encubierto, se someten a elección democrática. No se someten a votación popular los desahucios, la especulación inmobiliaria, la burbuja del alquiler, es decir, la vulneración sistemática del derecho a la vivienda; tampoco las reformas laborales regresivas, el cierre de empresas con beneficios, la privatización de empresas públicas como las eléctricas, o de servicios públicos como el HUBU (lo es en su gestión); ni, por supuesto, la monarquía o el derecho de autodeterminación de las naciones del Estado Español.


Además, el insidioso control del Capital y sus agentes de los instrumentos de mediación (medios de comunicación de masas, sistema educativo e industria cultural), pretende y fundamentalmente logra normalizar la ideología liberal y sus ficciones de clase a ojos de la mayoría de la población: meritocracia, emprendimiento, competitividad, auto-empleabilidad, austeridad, y aquí sobre todo, un pluralismo político que nunca será tan “plural” como para permitir poner en cuestión (seriamente, es decir, sin la intervención tutelar del Estado cloaca) el monopolio privado de los grandes medios de producción, distribución y consumo.

Así y todo, el Estado y el Capital se reservan una última carta: el pucherazo o Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada en 1985. La Ley D´Hont y el sistema de circunscripciones provinciales, son el último de los filtros antidemocráticos impuestos a la voluntad popular, incluidos en la gobernanza por parte del sistema y sus agentes para dejarlo todo atado y bien atado.

En este escenario, las oportunidades de que una fuerza política realmente impugnadora llegue a unas elecciones con opciones de alzarse con el poder son prácticamente nulas. Ahora bien, incluso en el improbable caso de ganar las elecciones, una mayoría institucional anticapitalista no modificaría, por sí sola, la correlación de fuerzas realmente existente entre las clases sociales, ni reduciría, como decimos, por sí sola, el poder efectivo de los poderes financieros, económicos, ideológicos y militares, y sus tramas internacionales.

Bien sabemos que las condiciones de vida de la mayoría social no pueden transformarse radicalmente empleando solo los cauces legalmente sancionados por el sistema: la vía electoral-institucional. Como enseña la experiencia histórica las cartas vienen marcadas. No habrá otra superación posible del sistema capitalista que la que seamos capaces de empujar entre todas, fruto de un trabajo sostenido, auto-organización, movilización y dirección conciencia políticas.

Si pese a todo lo anterior, las organizaciones de la izquierda revolucionaria hemos participado y participamos en las elecciones, lo es por disputar, centímetro a centímetro, en todos los espacios, e incluso en condiciones tan desfavorables como las expuestas, las condiciones de dominación y explotación capitalista. Y en el caso de obtener una posición electoral-institucional, utilizarla fundamentalmente como tribuna para denunciar las violencias del sistema, promover o apoyar las luchas sociales y proponer leyes favorables a la mayoría social.


Las elecciones generales en Castilla y León

En un contexto como el actual, donde los sectores que defendemos la democracia socialista somos aún minoritarios y no existe una candidatura de ámbito estatal capaz de plantear una  opción rupturista en todo el Estado, es preciso plantear un análisis político-electoral consecuente con nuestras condiciones objetivas y promover un “suelo institucional” mínimo desde el que continuar las luchas alentar propuestas que resulten ser lo menos desfavorable posibles al avance, la organización y lucha, de todos los sectores oprimidos.

Nuestro territorio ha sido históricamente región de emigración y despoblamiento; también de caciquismo y hegemonía conservadora. A lo largo del siglo XIX terratenientes e iglesia católica taponaron aquí la Revolución Industrial como medio de impedir el anclaje de clase obrera y su consiguiente desarrollo organizativo y sindical.

El eco de ese pasado, a pesar de los limitados avances institucionales organizativos en ciudades como León, Valladolid o Burgos, explica, ya en el siglo XX, que los resultados electorales de las candidaturas republicanas de 1931 fueran tan insuficientes. De hecho, cinco años después, las candidaturas del Frente Popular expresaron el avance de las izquierdas, pero perdieron igualmente en todas las provincias.

Los sublevados del 18 de julio (oligarquía agraria, burguesía industrial urbana, iglesia católica, ejército y Guardia Civil) se impusieron desde el principio en esta tierra, batiendo a sangre y fuego todas las ciudades y pueblos mediante una sanguinaria represión que fue fundamentalmente de retaguardia, pues los sublevados facciosos apenas encontraron resistencia armada. De la liquidación física de las izquierdas y de la losa de nacional-catolicismo de más de 40 años sobre la memoria política de los sectores populares de nuestra tierra, están tejidos los 31 años de hegemonía del Partido Popular en la CCAA de Castilla y León. no podemos olvidar el atraso político de una comunidad en la que se asentaron los golpistas desde 1936 y descabezaron el tardío despertar de las izquierdas políticas y sindicales.

De entonces a hoy, la hegemonía de la derecha en la Comunidad de Castilla y León se ha mantenido hasta el presente.


El PSOE: una tímida socialdemocracia claudicante

La política del PSOE desde 1982 ha sido la de aceptar las tesis estratégicas de la patronal, gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y las élites multinacionales europeas.
Y así, la contra-reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985, la Ley de Empleo Juvenil de 1988 y la reforma laboral de 1994 inauguraron los procesos de precarización social y laboral que hoy sufrimos.

Fue el PSOE quien inició las privatizaciones de empresas públicas y, de paso, las puertas giratorias. Fue el PSOE quien en 2010 aprobó una reforma exprés de la mano del PP del art. 135 de la Constitución, estableciendo límites de déficit y deuda entre las Administraciones Públicas impropios de un Estado “social y democrático de derecho”. Fue el PSOE quien aprobó en 2011 la reforma de las pensiones por la que se elevaba la edad de jubilación a los 67 años de edad. Fueron gobiernos socialistas quienes inauguraron la receta de la austeridad y el rescate a la banca para afrontar una crisis capitalista que multiplicaba despidos y desahucios.

Y es el PSOE hoy, quien una vez accedido al gobierno se niega a derogar la reforma laboral de 2012, la ley mordaza o a publicar la lista de amnistiados fiscales.
Es cierto que el PSOE como partido no es lo mismo que el PP. Pero, ojo, cuando hablamos del PSOE, la experiencia nos dice que no cumple sus promesas electorales nunca.


La decepción de Podemos

El surgimiento de Podemos en 2014 generó muchas ilusiones, sobre todo porque recogía parte del espíritu impugnador y asambleario del 15M. Muchas personas procedentes de las luchas sociales y de la izquierda revolucionaria, aprovecharon el contexto de oportunidad abierto por el 15M y dedicaron ímprobos esfuerzos a la construcción de una organización capaz de constituir mayorías sociales, construir contra-poder y empujar las demandas de los sectores populares. Se trataba en parte, de ofrecer una síntesis temporal pero políticamente útil a la histórica contradicción entre reforma o revolución.

Desde entonces, los sucesivos congresos, maniobras y purgas, y su progresiva pero imparable moderación ideológica, han dilapidado el capital político (3.000 círculos y más de 5 millones de votos) surgido tras las elecciones europeas de 2014, convirtiendo a Podemos en un partido de corte tradicional: jerárquico y burocrático. Un partido al que votar (desde una perspectiva socialdemócrata y sistémica), en palabras de su propio Secretario General, “una máquina de guerra electoral”, pero NO, desde luego, un partido en el que militar por la transformación social y la superación del capitalismo.

Entonces, ¿qué hacemos?

Y no obstante, llegan las generales del 28-A y los retos de la izquierda en esta Comunidad vienen acotados por la necesidad de promover, como decíamos, un suelo institucional mínimo desde el que continuar las luchas.

La amenaza hoy de un “cuatrienio negro” de las derechas y la extrema derecha (PP, C’s y VOX) delimita responsabilidades políticas dentro de las posibilidades de quienes habitamos y militamos en la España vaciada. Somos rehenes de una situación en la que los logros de la movilización social avanzan a un ritmo lento, tan lento que no lograría impedir, en el corto y medio plazo, nuevas legislaciones reaccionarias que dieran dramáticamente al cabo y de un plumazo con conquistas sociales arrancadas por décadas de lucha.

Desde el Colectivo Anticapitalista de Burgos respetamos pero no compartimos, en este sentido, la opción abstencionista promovida desde algunos colectivos de acción transformadora. Pensamos que testimoniar a ese precio la disidencia con las liquidadoras políticas social-liberales del PSOE, por un lado, y el adaptacionismo institucionalista de Podemos (que ha malgastado dramática e irresponsablemente un capital de apoyos que hubieran merecido mejor empeño), por el otro, resulta demasiado peligroso para las condiciones de vida y derechos de los sectores populares, de las mujeres y el colectivo LGBTI, de los derechos de las naciones sin estado y de las opciones políticas Republicanas. Un gobierno de las derechas y la extrema derecha profundizaría, brutalmente, la regresión que llevamos décadas combatiendo y estaría dispuesto a liquidar nuestras conquistas.

Habitamos provincias “de retaguardia” en una Comunidad hasta hoy hegemonizada por la derecha y como militantes revolucionarias no creemos en milagros.

Es vital continuar las luchas sociales en marcha ganando posiciones (o al menos, defendiéndolas). Sin embargo, no queda otra que ser consecuentes con las condiciones objetivas del momento y optar por un voto de izquierda táctico y desapegado. Nuestro enfoque seguirá siendo la lucha social, única garantía de cambio real, y la construcción de una alternativa anticapitalista mediante labores de convergencia, apoyo mutuo y debate profundo, fraterno y constructivo.

Nuestra propuesta pues, como colectivo político, es que cada cual opte por la papeleta de izquierdas que considere el 28 de abril analizando las condiciones provinciales en que se encuentre y que redoble su esfuerzo militante día a día, favoreciendo el desarrollo de tejido social organizado y conciencia crítica. En esa labor converge con nuestra acción y sigamos adelante.




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