(Tomado de Viento Sur, VS)
El viernes 1 de febrero, con el traslado de los 9 presos y presas políticas independentistas hacia Madrid se ha iniciado la cuenta atrás definitiva del juicio a la democracia. Las nueve personas se enfrentan a acusaciones fiscales de rebelión o de rebelión y malversación que suman 156 años de cárcel.
El mismo día han comenzado las movilizaciones en Catalunya. Por la mañana apoyando desde las carreteras a los presos cuando eran trasladados a Madrid y por la tarde con concentraciones y manifestaciones en muchas ciudades.
Toda persona que examine objetivamente los hechos acaecidos entre el 20 de septiembre y el 27 de diciembre de 2017 comprobará que no hubo ninguna rebelión, por la sencilla razón de que no hubo ninguna violencia. Hubo manifestaciones, desobediencia civil, un referéndum multitudinario, una huelga general de país y una declaración de independencia sin efectos prácticos. Todas ellas acciones pacíficas en defensa de la libertad que no deberían estar penalizadas y, aún menos, ser objeto de peticiones fiscales tan desorbitadas.
La acusación de rebelión se basa en una manipulación de los hechos, amparada en una falta de separación de poderes, que intenta retorcer la interpretación del código penal para convertirlo en una coraza protectora de la evolución autoritaria del Estado, que penalice aún más las movilizaciones por derechos y libertades fundamentales, y que autorice calificar de rebelión toda actividad política masiva y pacífica que busque poner fin al régimen monárquico instaurado por la Constitución de 1978. Si esta maniobra triunfa el lema del todo es rebelión se convertirá en la cobertura jurídica de un nuevo ¡A por ellos!, que ya no tendrá por objetivo sólo a los catalanes, sino al conjunto de pueblos del Estado y a la mayoría de su ciudadanía.
Por estas razones el juicio contra las personas independentistas que comenzará el 12 de febrero puede ser calificado de juicio a la democracia.
En la denuncia y la movilización contra este juicio se deberían implicar todos los partidos, instituciones y personas que defienden la democracia, independientemente de si son partidarias de que Catalunya sea independiente, de que forme parte de un Estado federal, o de que siga siendo una autonomía dentro de un Estado unitario. Todas estas alternativas políticas son legítimas y deben poder ser defendidas en una democracia a través de candidaturas electorales, movilizaciones, huelgas, referéndums, desobediencia civil... Pero cuando el Estado se identifica sólo en una de ellas, restringe las libertades para defender otras, reprime a quienes las reclaman y quiere condenar a sus representantes a largas penas de prisión calificando de rebelión lo que diferentes tribunales europeos consideran ejercicio de las libertades
fundamentales, entonces este Estado atenta contra la democracia y todos los que la defienden deberían denunciarlo y movilizarse para hacerlo retroceder. Todos son todos: toda persona que defienda la democracia, sea independentista, federalista o unionista.
Dificultades de la movilización en Catalunya
Actualmente esta denuncia del juicio y la movilización unitaria en defensa de la democracia no son tan masivas como haría falta en Catalunya y son francamente débiles en el Estado español
En Catalunya las diferencias estratégicas entre los partidos independentistas no sólo no han disminuido sino que se han hecho crónicas y se ven acentuadas por la proximidad de las elecciones municipales y europeas, que deben mostrar quien tiene la hegemonía dentro del mundo independentista. Se ha constituido la Crida per la República liderada por Puigdemont y Jordi Sánchez, que propugna candidaturas unitarias independentistas, pero no está claro si el PDeCAT encontrará finalmente su encaje dentro de la nueva organización. En cambio ERC, con las encuestas a favor, está decidida a afrontar las elecciones en solitario. Por otra parte la ANC se siente decepcionada por la gestión que los partidos mayoritarios han hecho del 1 de octubre, por el abandono de la unilateralidad y por la falta de unidad; esto la ha llevado a impulsar la iniciativa de Primàries Catalunya con el objetivo de conseguir listas abiertas de candidaturas independentistas a los municipios. Por último la CUP impulsará sus propias candidaturas y es muy crítica con los partidos independentistas mayoritarios. Esta división es comprensible, pero el mundo independentista se ha pasado años reclamando la unidad de los partidos y ahora se desanima al ver que no sólo no hay ninguna hoja de ruta común, sino que se ha instalado la división.
Las organizaciones sociales del movimiento independentista han encontrado dificultades para organizar grandes movilizaciones después del 11 de septiembre. El aniversario del 1 de octubre fue aún importante, pero las movilizaciones del 21 de diciembre reunieron menos gente. Y en cada una de estas dos fechas ha habido acciones separadas de Òmnium, ANC y los CDR y diferencias en la forma de enfocar las convocatorias que se hacían unitariamente.
Por su parte los Comunes, que se declaran soberanistas, se pronunciaron contra la aplicación del artículo 155 y se sitúan claramente contra la existencia de presos políticos y exiliados, continúan a un nivel muy bajo en el impulso de las movilizaciones, más allá de las declaraciones y de la participación de algunas de sus personas más conocidas.
Dar una respuesta a la altura del reto que supone el inicio del juicio contra los dirigentes independentistas exigiría un cambio. Las diferencias estratégicas no desaparecerán ni dentro del independentismo, ni del soberanismo; sería bueno discutirlas lo más abiertamente posible, pero no deberían interferir en la necesaria unidad de acción. La competencia electoral es inevitable, pero habría que evitar las descalificaciones, porque refuerzan a los partidarios de la involución represiva. Y sería necesario construir una unidad muy amplia para denunciar el juicio a la democracia que se iniciará en el Tribunal Supremo, para convertirlo en una acusación contra el régimen monárquico, en una gran movilización por la libre absolución de los encausados, por los derechos civiles y democráticos, y por una solución política para Catalunya que reconozca su derecho a decidir. Una unidad que aglutinara partidos, entidades y personas en una entidad a nivel de toda Catalunya, y en miles de entidades en todas las ciudades, barrios y pueblos del país. Donde se pudieran encontrar todos los defensores de la democracia, sin distinciones entre independentistas y no independentistas. Una unidad que tuviera como prioridad la movilización unitaria por los puntos que hacen consenso, desarrollando el camino que parecía intentar la plataforma Som el 80%.
... y en el Estado español
La situación en el conjunto del Estado se ha hecho más difícil tras el resultado de las elecciones andaluzas. La actitud del gobierno de Pedro Sánchez es lamentable: el diálogo con Catalunya se limita a ofrecer la posibilidad de votar un nuevo Estatut y la única medida de mejora en la situación de los presos ha sido permitir su traslado a Catalunya durante unos meses, lo cual es un derecho. La Fiscalía ha continuado manteniendo la petición de rebelión y la Abogacía del Estado la ha cambiado a sedición con peticiones de 95 años y medio para los nueve encausados en el Tribunal Supremo que acaban de ser trasladados a Madrid. Las débiles convicciones democráticas del gobierno de Pedro Sánchez, la razón de Estado y el temor a las críticas de C’s y PP no permiten esperar ninguna iniciativa de cara a una absolución de los presos catalanes ni de cara a un diálogo con Catalunya.
Esta actitud contrasta fuertemente con la que está manteniendo el gobierno español hacia Venezuela: está dispuesto a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, una acción ilegal según la carta de la OEA y según la constitución venezolana, para favorecer a un hombre que no ha ganado ninguna elección, que sólo puede exhibir el apoyo de gran número de manifestantes (pero no superior a los que apoyan a Maduro), y que forma parte de un golpe de Estado impulsado por Trump para derribar el presidente legítimo. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez se salta todos los procedimientos legales y democráticos para apoyar una rebelión que forma parte de un golpe de Estado y en el caso de Catalunya apoya la acusación de rebelión para ignorar y reprimir las decisiones democráticas de la mayoría del pueblo de Catalunya en elecciones, manifestaciones, consultas y referendos.
Podemos sigue siendo la única fuerza estatal que defiende el derecho a decidir en un referéndum, que reconoce que los líderes independentistas son presos políticos que no deberían estar en la cárcel; pero esto no se ha traducido hasta ahora en impulsar movilizaciones por su libertad. En lugar de utilizar su influencia para acercar los militantes socialistas a defender estas posiciones, se muestra dispuesto a no llevarlas a la práctica con el fin de acercarse a la dirección del PSOE.
Las movilizaciones de solidaridad con Catalunya han sido importantes en Euskal Herria y un poco menos en Galiza, pero en el resto del Estado sólo han contado con el apoyo de sectores anticapitalistas de Podemos, organizaciones de izquierda radical y personas de movimientos sociales; sólo en algún caso, como el de Madrileños por el derecho a decidir, se ha podido construir una organización unitaria de solidaridad. Son estos sectores los que se han hecho cargo de la tarea de explicar que lo que está en juego en Catalunya no es fundamentalmente una cuestión de independencia o unidad, de optar por el nacionalismo catalán o el español, sino una cuestión de democracia, de la posibilidad de la gente de decidir sobre todas las cuestiones que le afectan.
Un riesgo y una oportunidad
No está claro que el inicio del juicio consiga modificar significativamente esta situación. Si no es así conoceremos nuevas restricciones a las libertades, un reforzamiento de la democracia autoritaria y de los partidos de la derecha extrema (C’s y PP) y de la extrema derecha neofascista (Vox). Cuando por activa o por pasiva no se defiende la democracia siempre es la reacción la que sale beneficiada.
Pero el juicio en el Tribunal Supremo ofrece también una oportunidad. Porque los presos harán una defensa política, denunciarán al Estado y esto no se podrá silenciar, aunque la cobertura de las televisiones y los periódicos estatales sea tan mala y parcial como lo fueron el 27 de septiembre y el 1 y el 3 de octubre. Todas las personas que defendemos la democracia tenemos el deber de aprovechar esta oportunidad, de movilizarnos y de convertir el juicio en un #JoAcuso contra el régimen monárquico de 1978. Tal y como pide este vídeo de Òmnium Cultural: https://youtu.be/_kLzqXXuhq4
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