En este contexto, no nos enfrentamos sólo a una crisis sanitaria, aunque ésta sea grave y dramática; la crisis sanitaria forma parte de una crisis más amplia del sistema capitalista mundial que evidencia radicalmente la contradicción capital-vida.
- Una crisis producto de las contradicciones del capitalismo
El COVID-19, al igual que el SARS-COV-1, surgido a principios de la década 2000 y que causó el brote de 2002-2004, tiene un origen zoonótico, lo que significa que el virus alojado en los animales ha saltado la barrera de la especie y ha infectado a los seres humanos. Es cierto que las zoonosis tienen diferentes modos de transmisión, pero también que existe consenso científico en que las enfermedades de origen zoonótico están relacionadas con la destrucción de los ecosistemas, la deforestación y la conversión indiscriminada de tierras silvestres para la explotación agrícola, ganadera, minera, maderera, la urbanización acelerada o la construcción de infraestructuras como puentes carreteras y embalses, que destruyen las barreras naturales y aumentan la exposición humana a patógenos que de otro modo permanecerían aislados en esas áreas.
Es decir, virus y pandemias como la del COVID-19, serían en gran medida las consecuencias no deseadas de la voracidad depredadora del sistema de acumulación capitalista. Su rápida propagación a nivel mundial se vería favorecida por el tráfico aéreo masivo, el turismo indiscriminado y la ultra-urbanización de las sociedades.
- Una crisis que “sí” entiende de clases sociales
Esta crisis “entiende” de clases sociales y afecta con especial crudeza a la clase trabajadora, precaria, migrante y racializada. Las desigualdades de partida se agudizan en un contexto de crisis social y sanitaria. Miles de riders y repartidores recorren las calles en plena pandemia por cuatro duros -muchos, en situación irregular alquilando la cuenta a un tercero- exponiendo su salud, mal protegidos, para que empresas como Glovo o Deliveroo se sigan enriqueciendo. Multinacionales con beneficios millonarios como Telepizza, Burger King, Decathlon, Meliá, Ford… despiden de forma masiva a trabajadoras o se acogen a ERTES sufragados con el dinero de todas. Algunas de éstas trabajadoras podrán recibir algún tipo de prestación, otras no, pues no cumplirán los requisitos exigidos.
Además, millones de trabajadoras lo hacen en la economía informal, un tercio de las trabajadoras del hogar no están dadas de alta en la Seguridad Social, la mayoría mujeres inmigrantes, y sufren especialmente las consecuencias de esta crisis. No pueden justificar estar en la calle, en tránsito hacia o desde sus trabajos, por lo que a menudo son multadas, y no pueden acogerse a ninguna prestación. Millones de trabajadoras han visto o verán fuertemente reducidos sus ingresos o no tendrán nada en absoluto.
Peor aún es la situación de quienes ya se encontraban en riesgo de pobreza o situación de exclusión social antes de la pandemia, las personas migrantes en situación administrativa irregular; las mujeres en situación de prostitución para quienes un empeoramiento de las condiciones de vida implica mayor vulnerabilidad a la extorsión y a prácticas de mayor riesgo y violencia por menos dinero; las personas que viven en infraviviendas; las personas sin hogar.
Por lo demás, no es lo mismo confinarse en una vivienda espaciosa y bien provista que hacinarse en pisos que carecen de las condiciones necesarias. El encierro prolongado en viviendas sin condiciones básicas de habitabilidad (espacio suficiente, iluminación natural, temperatura adecuada, sin conexión a internet o sin disponibilidad de un ordenador personal), lejos de suponer un refugio, supone en muchos casos una dificultad añadida a una situación ya de por sí límite. Asimismo, cuantas más personas en una casa, mayor es la dificultad de aislar en habitación aparte a una eventual positivo por COVID-19, aumentando así el riesgo de contagio.
No, no es lo mismo afrontar las penurias, riesgos e incertidumbres de esta crisis social y sanitaria para unas que para otras. Nuevamente, es la clase trabajadora la que se lleva la peor parte.
- Una gestión de la crisis en lógica capitalista y punitiva
En este contexto, la gestión de la pandemia por parte del gobierno PSOE-UP está obedeciendo, incluso por sobre el bienintencionado criterio de algunos de sus miembros y el “quiero y no puedo” de medias paliativas propio del social-liberalismo, a una lógica de clase, capitalista básica. Lo prioritario es mitigar el impacto de la crisis en el sector productivo, beneficios y dividendos de los capitalistas. Por eso se envía desde hace semanas a millones de trabajadoras a exponerse, sin las medidas de protección adecuadas, en actividades económicas no esenciales para la vida. Lo que no implica, claro, el fin del confinamiento obligatorio. “Expón tu salud y la de las demás, sí, en el trasporte público, en tu tienda, en tu tajo, en tu fábrica, pero para ir a producir para los patrones, si no es para eso, largo a casa o denuncia al canto”.
Luego, prioridad a la producción de bienes y servicios no esenciales (coches, aviones, pizzas, construcción, lo que sea), pero candado a iniciativas de solidaridad comunitaria y cierre de filas en torno al Estado en nombre del bien común. Ojo, no hablamos de incumplir las medidas de prevención -permanecer confinadas, reducir las salidas a lo mínimo indispensable y respetar el distanciamiento físico- eso sería irresponsable, pero eso no implica acatar ni someterse a la lógica perversa, autoritaria y despolitizante que se oculta tras ellas.
¿Puede sorprender dentro de esta lógica que el estado de alarma se haya empleado para limitar la circulación de personas –militarización y multas masivas mediante- pero no para intervenir -a lo que también faculta como instrumento jurídico- sectores estratégicos, industrias, fábricas o farmacéuticas y garantizar el suministro de materiales de prevención y seguridad para las trabajadoras sanitarias y para la ciudadanía en general? Mascarillas caseras y bolsas de plástico como EPIs, protecciones improvisadas y porcentajes record de trabajadoras sanitarias infectadas en hospitales o gravemente expuestas en residencias y centros de atención a personas con discapacidad. No basta con aplausos vacíos de derechos.
La gestión del gobierno PSOE-UP refuerza con su “quiero y no puedo” al capital y al autoritarismo, promoviendo el goteo diario de abusos policiales, en medio de una atmósfera que fomenta interesadamente la desconfianza, la delación y el desprecio entre nosotras.
- La vida y las trabajadoras en el centro
Esta crisis ha puesto sobre la mesa cuestiones esenciales relacionadas con el sostenimiento de la vida en sociedad, las consecuencias de los criminales recortes en sanidad, del dramático resultado de la impunidad con la que los buitres han mercadeado durante años con los centros de la tercera edad, del papel central de los trabajos reproductivos y de cuidado (sanitarias, reponedoras, limpiadoras, trabajadoras del hogar) para el sostenimiento de la vida en sociedad y de la indisociable relación de la salud con las condiciones de existencia material. Vivir y vivir con salud no es un mérito individual sino un logro que se construye y cuida colectivamente, y es un bien demasiado preciado como para dejarlo en manos de los capitalistas. Es momento de ajustar cuentas.
Por eso, este 1º de Mayo, más que nunca, es momento de gritar que nuestras vidas valen más que sus beneficios, de organizarse, reagruparse y estar unidas, de apoyarnos mutuamente y reforzar las estructuras de clase y solidaridad comunitaria. Porque van a ser necesarios todos los esfuerzos, cuidándonos unas a otras, para afrontar eficazmente los ataques por venir. En los centros de trabajo, en las facultades y en la calle contra las políticas, las presiones y los ataques del capital nacional e internacional.
¡Viva el 1º de Mayo!
¡Viva la lucha de las trabajadoras!
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